La pena de muerte está en declive, así ha señalado con datos y cifras la secretaria de Amnistía Internacional, Irene Khan, el pasado 26 de abril en Roma con motivo de la presentación del informe mundial sobre pena de muerte en el mundo.
"Amnistía Internacional aboga por la suspensión universal de las ejecuciones. Sólo seis países -Irán, Irak, Sudán, Pakistán, Estados Unidos y China- fueron responsables del 91 por ciento del número total de ejecuciones realizadas en 2006. Estos ejecutores a ultranza están aislados y no actúan en consonancia con la tendencia mundial" ha asegurado Irene Khan.
Según los datos de que dispone la organización de derechos humanos, la aplicación de la pena de muerte se redujo significativamente en 2006 pasando de las 2148 ejecuciones de 2005 a 1.591 ejecuciones en 2006. Los datos confirmarían una tendencia internacional hacia la abolición o no aplicación de la pena capital, aunque sigue habiendo un número limitado de países que la aplican de forma intensiva.
Amnistía Internacional cree que al menos 1.010 personas fueron ejecutadas en China durante 2006, aunque según fuentes dignas de crédito se calcula que podrían haber sido entre 7.500 y 8.000 personas. Los datos sobre ejecuciones son clasificados como "secreto de Estado" y es muy difícil realizar una labor de vigilancia sobre el gigante asiático.
Irán y Pakistán fueron los únicos países que en 2006 ejecutaron a personas por delitos que cometieron cuando eran menores de edad, lo que constituye una violación del Derecho Internacional. Hasta 2005, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró que la ejecución de menores de 18 años era inconstitucional, Irán y Estados Unidos eran los dos países que más menores ejecutaban en el mundo.
Según la información de Amnistía Internacional, 88 países y territorios han abolido la pena de muerte para todos los delitos, 11 países la han abolido para todos los delitos, excepto casos excepcionales como delitos cometidos en tiempo de guerra, y 29 países pueden considerarse como "abolicionistas de hecho", porque aunque mantienen en su legislación la pena de muerte no han llevado a cabo ninguna ejecución en los últimos diez años.
El informe de Amnistía recuerda que no existen pruebas de que la pena capital tiene un poder disuasorio mayor que otros castigos. El estudio más reciente sobre la relación entre la pena de muerte y los índices de homicidios, que encargó la ONU en 1988 y que fue actualizado en el año 2002, concluía que "no es prudente aceptar la hipótesis de que la pena capital tiene un mayor poder disuasorio sobre los asesinatos que la amenaza y aplicación de la cadena perpetua, pena supuestamente inferior".
En Estados Unidos, uno de los seis países que más aplica la pena capital, 56 presos fueron ejecutados en el 2006 y otros 56 reos mexicanos esperan en el corredor de la muerte. Sin embargo el apoyo popular a la pena de muerte empieza a resquebrajarse también en este país. Algunos estados como Illinois ya decidieron abolirla, y en enero de 2007, la Comisión de Estudio sobre la Pena de Muerte en Nueva Jersey publicó un informe en el que recomienda la abolición de la pena de muerte y su sustitución por la de cadena perpetua sin la posibilidad de obtener la libertad condicional. Entre las razones que se citaban para justificar la conclusión, figuraban la ausencia de pruebas convincentes de que la pena de muerte sirva racionalmente a un propósito penológico legítimo. También se afirmaba que cada vez hay más indicios de que la pena de muerte no está en consonancia con la evolución de las normas morales y que el interés de ejecutar a un número reducido de culpables de asesinato no es bastante grande para justificar el peligro, siempre presente, de cometer un error irrevocable..
Un nuevo respaldo a la abolición global de la pena capital vino al día siguiente de la presentación del informe de Amnistía sobre la pena capital: el 27 de abril, la Eurocámara aprobó por 324 votos a favor, 245 en contra y 22 abstenciones una resolución que defiende la moratoria universal sobre la pena de muerte. Esta iniciativa quiere aumentar el número de países firmantes de la declaración sobre la abolición de la pena capital, presentada por la UE ante la Asamblea General de la ONU. Hasta la fecha, 88 los países la han firmado.
La resolución del Parlamento Europeo llama a los Estados miembros de la UE a que consigan, "aprovechando las oportunidades que se presenten" (párrafo 2) el apoyo de terceros países para la declaración y así reforzar la red mundial que trabaja para la abolición universal de la pena de muerte.
La resolución también hace un llamado a "los países que todavía no han firmado ni ratificado el Segundo Protocolo Opcional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a que lo hagan, lo mismo que a los Estados miembros que todavía no hayan firmado el Protocolo nº 13 a la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) sobre la pena de muerte" (párrafo 3)
No hay comentarios:
Publicar un comentario